Un grupo mapuche ya recibió del Estado más de 100 millones
Se
trata de la comunidad Kaxipayiñ. Quiere sacarle 70 millones este año,
pero YPF ahora se niega. Gabriel Cherqui, su cacique, anda en 4 x 4 y
usa iPhone. Obligaba a la empresa a contratar a sus consultoras.
En la compleja
diversidad de grupos mapuches de la Patagonia argentina hay comunidades
pacíficas integradas (Paynemil, en Neuquén), algunas que usurpan
territorios pero tienen el reclamo en una instancia institucional
(Atilio y Rosa Curiñanco, que ocupan "tierras de Benetton"), otras
altamente violentas y conectadas con grupos chilenos (el Pu-Lof de
Cushamen, de la RAM, que está relacionada a la CAM), algunas promovidas
por sectores kirchneristas (es el caso de la familia que usurpó
territorio junto al Lago Mascardi, impulsada por los Vaca Narvaja) y
otros que directamente realizan negocios con prácticas extorsivas.
Es el caso de la comunidad Kaxipayiñ, liderada por el cacique Gabriel Cherqui, que
se traslada en vehículos 4 x 4 de alta gama, usa como celular un iPhone
último modelo y logró que el Estado argentino le aportara 111 millones
de pesos en los últimos tres años, 24 millones en el 2014, 32 en 2015 y
55 millones en 2016. Antes viajaba en Audi, según dice la gente
del lugar. Es el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que no
tiene autoridades constituidas desde 2011.
Se trata de un caso
grave, porque a través de ramificaciones ya está afectando la producción
de la zona, no solo en la exploración de petróleo, sino de manzanas,
ganadería, vinos. Los tentáculos de este grupo llegaron a Trataren, una
zona desértica de 1800 hectáreas que se volvió altamente productiva
gracias al riego, donde otra familia supuestamente mapuche usurpó
tierras donde está la boca de agua.
Lo que consignó el diario Río Negro,
el 18 de mayo pasado, es que Diego Rosales y Martín Mardones comenzaron
lo que denominaron su "reafirmación territorial", con el apoyo de la
Confederación Mapuche, asegurando que "vinimos a vivir acá mucho antes
de que esta nueva conquista petrolera llegara". El pasado 19 de
setiembre fueron desalojados por la policía local, pero los productores
de frutales, bodegas y feedlot temen que vuelvan (pasó en otras
ocupaciones) y que peligren sus inversiones.
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Según la información
que pudo obtener Infobae, Kaxipayiñ obtuvo para el año 2017 la oferta de
recibir 1.4 millones de pesos por pozo, es decir, que alcanzaría a 19,6
millones en total, ya que tiene 14. Pero Cherqui triplicó la apuesta y
pidió 5 millones por pozos, buscando totalizar 70 millones. Le pareció
una cifra razonable en relación a lo que había cobrado en el 2016,
sumado la inflación. YPF ya no se aceptó la escalada de extorsiones,
hizo público por primera vez el conflicto, se retiró de la negociación y
suspendió su proyecto productivo.
Cherqui es un
personaje parecido a Omar "Caballo" Suárez, el sindicalista que hoy está
preso en la cárcel de Ezeiza. Es dueño, a través de su esposa Valeria,
de la empresa La Lata SRL, con la que fue durante años subcontratista
de YPF. En el 2013 creó otra empresa, la firma Belcher. Para las tareas
de saneamiento obliga a que se contrate la consultora, Femun, vinculada a
políticos y sindicalistas de la provincia, por la que -hasta el año
pasado- cobraron más de 9 millones de pesos. Y maneja otros negocios,
como el estacionamiento frente a la planta de gas TurboExpander y
"peajes" adentro de los territorios de su comunidad.
Para permitir el
ingreso de dos equipos de perforación a una zona comunitaria reclamó 50
millones de pesos adicionales. Fue el momento en que las nuevas
autoridades de YPF consideraron que se trató de la gota que rebalsó el
vaso. Hoy esos equipos están parados, perjudicando a la provincia de
Neuquén, que podría perder en concepto de regalías más de 130 millones
de pesos en los próximos dos años.
El argumento que
utiliza Cherqui, por supuesto, es que viven en "territorios afectados
por la contaminación de la actividad petrolera", lo que llama la
atención por varias razones. Primero, porque antes de que hubiera
interés económico en el área no vivía ahí, luego porque impidieron toda
tarea de saneamiento.
Lo insólito es que YPF
logró sanear 370.000 metros cúbicos de suelos en los últimos 5 años en
el área donde se encuentra otra comunidad mapuche, mientras que en el
área de los Kaxipatiñ solo pudo sanear 4.170 metros cúbicos de suelo en
el mismo período.
Algo similar sucedió
cuando comenzó a desarrollarse el proyecto de Loma Campana en Vaca
Muerta, con Chevron. No había en la zona reclamo alguno, ni asentadas
comunidades en la zona, y se trataba de tierras fiscales. Pero volvió la
familia Campo, que había dejado el lugar hacía 40 años y nunca había
dicho que era mapuche, y está en una posición similar a la de la
comunidad Kaxipauiñ, aunque con pocas posibilidades de ejercer ya la
misma extorsión.
Es que cambiaron los
responsables del área de superficiarios de YPF, y ahora están
convencidos de que las indemnizaciones deben regirse según la tabla que
fue realizada por la Secretaría de Energía y la Secretaría de
Agricultura, y no por esos valores exhorbitantes que se pagaron hasta el
año pasado.
De hecho, YPF no solo
se negó a pagarle a la consultora Femun la última factura que presentó,
sino que lo puso en un comunicado: "sus honorarios están muy por encima
del promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo de
hace el proceso de remediación y más muestras de laboratorio son
requeridas". También paró el proyecto de perforación después de que
Cherqui pidiera 5 millones de pesos por pozo cuando, según lo que
estipula la tabla, se deberían pagar 700 pesos a esos efectos.
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No va a
ser nada sencillo salir de este embrollo. A los problemas sociales, la
desigualdad y la falta de educación de sectores postergados que parecen
confinados a guetos de los que no quieren salir ("para muchos políticos
es más fácil regalarles la leña para que pasen el invierno antes que
enseñarles a conseguirla por ellos mismos", dijo una de las fuentes), se
le suma la vocación antisistema de sectores altamente politizados que
cruzan demandas de derechos humanos con ambientales y ancestrales y
logran importante respaldo en gente de buena fe de las grandes ciudades.
Pero algo más.
Cualquier propietario responde con sus propios bienes ante un juicio
contra YPF, por ejemplo. No es el caso de los bienes comunitarios, que
son inembargables e inajenables, porque no le pertenece a ninguna
persona física, sino a una comunidad. Es una legislación que hace
justicia con comunidades que fueron condenadas a la marginación a la
largo de la historia, pero que es aprovechada espuriamente por
individuos que un día se ponen una vincha y un poncho y salen hacer
negocios personales.
¿Cómo resolverlo? El
problema mapuche hoy parece restringido a un problema de seguridad y es
la expresión de un Estado que no se involucró en la resolución de los
problemas sino que, más bien, parece que por acción u omisión, no hizo
más que hacerlos cada vez más grandes. Veremos qué pasa una vez que el
Ministerio del Interior convoque a los gobernadores de Chubut, Neuquén y
Río Negro a discutir en serio este asunto. Tal vez sea el primer paso
de algo que tardará años en resolverse. Mientras tanto, la pintada que
apareció en el Mercado Comunitario de Bariloche, con el que se abre la
nota, no deja de preocupar a las autoridades.
