Macri se hace transversal, la Corte vigila la inflación y debuta un radical - Por Ignacio Zuleta
Escrito por
Ignacio Zuleta
Arrancó el año. El Presidente despunta más reformas. Los cambios jubilatorios, bajo la lupa judicial.
La agenda secreta del presidente Macri para 2018
Convencido
de la esterilidad del método de la confrontación, Mauricio Macri arma
la agenda secreta de 2018 –año decisivo para la continuidad en el poder
de Cambiemos– bajo el paraguas de la transversalidad. Ha visto a las
mejores mentes de su generación destruidas por la locura de la
polarización y encuentra, como otros gobiernos que en el mundo, una
salida por la transversalidad. Se trata de armar situaciones en las que
los propios y los adversarios saquen provecho, aunque fuera
circunstancial –como lo es todo en la vida y en la política– a la espera
de ese momento de gracia de todo político, y que llega tan pocas veces
en la vida: asentar el poder en una mayoría de votos.
Esto
no lo tiene la oposición, pero tampoco lo tiene el oficialismo, que
sigue subido al alambrado festejando el año legislativo en el cual logró
un nuevo estatus que parecía imposible. Cerró las emergencias, repartió
la riqueza –eso es revolución–, maniató al peronismo, terminó con
juicios billonarios con las provincias, que pasan por mesa de entrada
para cerrar demandas que en otro momento de la historia hubieran causado
una guerra civil. ¿Que la plata se la lleva Vidal? Siempre el más
grande se llevó la plata, antes era Duhalde, ahora es Vidal. Pero esa
plata no compra ningún futuro, que depende de otras virtudes –y de otros
vicios también–.
Una caída, pero con red
Entiende
Macri que la transversalidad tiene que lubricar su agenda secreta ante
constancias hirientes como la caída en la adhesión del público. Una
marca amiga, Poliarquía, midió a fin de año la baja del apoyo de la
gestión en 8 puntos, la imagen del Gobierno en 13, y la evaluación
positiva de la gestión en 10. El índice de Optimismo Ciudadano –una
especie de rating de la felicidad colectiva– está en el límite entre el
optimismo y el pesimismo social. Macri mira estos números con menos
ansiedad que sus campañólogos, que ofician en los altares del marketing.
Él
sabe que el apoyo a su Gobierno depende de una estrategia que va más
allá del marketing y que se basa en mantenerse como la opción del
público moderado de centro, que radica en los grandes distritos, los que
deciden las elecciones. En las últimas, como en los sondeos que le
acercan hoy, el público de Macri y de Cambiemos no tiene ninguna razón
para cambiar su adhesión y sindicarla en otro partido o en otro
candidato. Eso es lo que tiene que cuidar en una caída, pero con red.
La reforma penal, un oportuno homenaje a la transversalidad
Cuidar
ese equilibrio se hace con transversalidad, ejercida hasta en gestos
redundantes. Así se explica la instrucción a funcionarios y caciques
legislativos del oficialismo para que concentren la atención de la
rentreé de la temporada política, en la reforma penal. La inseguridad es
una demanda dominante, pero quedó atrás el debate entre garantistas y
gatillo fácil. En realidad ocurrió con la última reforma del Código
Penal, que hizo una comisión multipartidaria conducida por Raúl
Zaffaroni, asistida por Roberto Carlés –el nonato candidato cristinista a
la Corte fue el coordinador del trabajo– y de la que participaron el
conservador Federico Pinedo, el peronista León Arslanián y el radical
Ricardo Gil Lavedra. El proyecto quedó fuera de juego con el debate
electoral, pese a que tenía el acuerdo de todas las partes, incluso del
Papa Francisco, que hizo lo que pudo para que fuera ley, pero ni la
oposición lo habilitó ni Cristina quiso dar la pelea en el Congreso. Más
aún, amagó con un segundo proyecto menos garantista que nunca caminó.
El
mes que viene, la nueva comisión que maneja el juez Mariano Borinsky le
entregará al Ejecutivo el nuevo proyecto que respeta las grandes líneas
del anterior. No podría ser de otra manera porque en la anterior
comisión Zaffaroni era el más moderado, Pinedo el más conservador y el
más garantista era Gil Lavedra. Este último es asesor del ministro
Germán Garavano, conduce el proyecto Justicia 2020, y no va a dejar que
se aparte mucho un proyecto del otro. Macri centrará su discurso de
apertura del año legislativo en la necesidad de que se apruebe este
proyecto. Lo hará seguro de que la oposición lo votará. El peronismo,
además, tiene la conducción de la comisión bicameral de aplicación del
nuevo Código Procesal, ya aprobado, y al que sólo se hará algún retoque.
Rodolfo Urtubey es quien garantiza que el nuevo código se aplique
pronto, según el modelo gradualista aprobado en el anterior Gobierno.
Regirá primero en Salta y en Tierra del Fuego, y con los años irá
llegando al centro. Sobre bicamerales: ¿los tapones de punta son un
instrumento de tortura? Diana Conti debuta en el llano como integrante
de la Bicameral contra la Tortura, en representación de los diputados.
Cuando Alberto Nisman tenía cita en el Congreso para explicar su
denuncia contra el Pacto con Irán, ella prometió esperarlo “con los
tapones de punta”. Nisman nunca llegó.
Amenazante: la Corte le vigilará la inflación a Macri
Macri
tiene la mirada puesta en la Suprema Corte, porque ya tomó conocimiento
de que va a esperar a que transcurra el año para decidir qué va a hacer
con la reforma previsional. El Gobierno festeja que logró que un juez
subrogante, que no pertenece a la “orga” de lo que cree es una mafia de
jueces de la seguridad social, se quede con todos los expedientes de
queja contra la norma. Pero el tema llegará a finales de año a la Corte
nacional, y el Gobierno sabe que tiene ese lapso para cumplir con la
promesa de la mesa de los CEO a Lilita Carrió: que en diciembre próximo
el aumento a los jubilados será superior a la inflación del año. Se lo
prometieron a la jefa de la Coalición por escrito –antes del tratamiento
de la ley en el Congreso– Nicolás Dujovne y Emilio Basavilbaso.
La
base de esa confianza es el promedio de inflación que calculan las
consultoras privadas que contrata el Gobierno. Alguien puede dudar de
que Carrió, si no le cumplen, dinamite la coalición un año antes de las
elecciones. Pero quien vigilará que eso se cumpla es la Corte, que en
charlas informales y sin expedientes en la mesa, tiende a creer, en la
mayoría de sus integrantes, que el nuevo sistema de cálculo, en la
letra, quita derechos a los jubilados porque la fórmula es más mezquina.
Admiten en esas charlas informales en los lustrosos y vacíos pasillos
del 4° piso de Tribunales –de feria– que, si la inflación resulta menor
al aumento, avalarán la ley. Se explica el celo, porque la fórmula
cambia la jurisprudencia del tribunal, y eso se dice fácil, pero cuesta
que ocurra. Y si no, marche un Badaro con fritas. Son cosas que debe
arreglar la política, dicen en la Corte. Lo dijeron hace años, y cuando
el Congreso demoró la reparación a los jubilados, salió el fallo Badaro
II que puso la fórmula, y le complicó durante años las cosas a los
gobiernos del matrimonio Kirchner.
El 2x1 que enrareció relaciones
Este
entuerto va a durar todo el año, y es una amenaza que hará necesaria
una muñeca transversal. Hay jueces de la Corte que tienen pedidos de
juicio político, entre ellos Ricardo Lorenzetti, y el Congreso no se los
cierra. Cambiemos tiene la llave, porque el peronismo ha mocionado, a
través de Miguel Pichetto, que es una irregularidad que debilita al
sistema institucional. Pero Carrió presiona sobre Lorenzetti y la
oposición cristinista hace lo mismo sobre los jueces que firmaron el
fallo del 2x1 (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton). Las
relaciones se resintieron por este polémico fallo, que se derrumbó
después una ley relámpago que se votó por unanimidad, con moción y
ausencia de Carrió y un solo voto en contra. Esa sentencia la quiso el
Gobierno, por razones que alguien deberá explicar alguna vez.
El
juez Rosenkrantz, que cumple las mismas funciones de liaison política
entre la Corte y Olivos que antes tenía Zaffaroni con Cristina, pidió
ese expediente apenas asumió en el Tribunal y fogoneó para que se
tratase y se aprobase. Salió como quería la mesa de asesores jurídicos
del presidente –entre quienes no abundan los defensores de terroristas–,
pero arrastró a una crisis al propio Gobierno que lo obligó a emplear
su herramienta más fuerte, Carrió, para desandar el camino. ¿A qué
público iba dirigida esa sentencia, se preguntan todos en la justicia,
cuando el voto de la familia militar siempre va a estar con Macri? ¿Hubo
un compromiso electoral de Macri –no de sus socios radicales, se
entiende– para que saliese una sentencia que no pudo aplicarse y quedó
como algo testimonial? A lo mejor sólo se quiso dar esa señal
testimonial para aferrar apoyos preexistentes.
La “reflexión interesante” de Lorenzetti a Peña
Desde
entonces –ocurrió en mayo– las relaciones son delicadísimas, y pueden
serlo más con la Corte herida, porque no le cierran los pedidos de
juicio político, pero abocada a controlarle la inflación al Gobierno
para avalar, o no, la reforma previsional. Esto explica que las
consultas se intensifiquen. Aquel jueves negro cuando fracasó la primera
sesión por la ley previsional, un grupo de la mesa chica mocionó por la
firma de un DNU con el proyecto. Había que decirle a la oposición y al
público quién mandaba. Se dijo que había un decreto firmado por todos
los ministros, menos Macri. Una fantasía, porque los decretos ya no
giran con firmas, como antaño; las firmas hoy son electrónicas, los
decretos se firman por tuiter, whatsapp y hasta por Instagram (a eso
hemos llegado, señora). Pero sí hubo presión sobre Macri para sacarlo.
Lo impidieron Carrió, Mario Negri, jefe de la bancada radical, y el
asesor Fabián Rodríguez Simón. Igual Marcos Peña tomó el teléfono y lo
llamó a Lorenzetti: “Estamos pensando en un DNU para la reforma
previsional”, le dijo. El jurista de Rafaela se acomodó y respondió,
lacónico: “Si sacan un DNU con un proyecto que tiene media sanción,
ustedes verán cómo diablos van a hacer para que vuelva a sesionar el
Congreso”. Peña: “Es una reflexión muy interesante. Se la voy a dar a
conocer al Presidente”. Ahí murieron los sueños pretorianos de los duros
de la mesa presidencial.
Debut con el presidente radical
La
transversalidad también tiñe los actos políticos de la agenda de Macri.
Mañana va a estar en San Rafael, Mendoza, en el primer acto público con
el presidente de la UCR, socio principal en Cambiemos. Alfredo Cornejo
le pidió que estuviera en la inauguración de una ruta de esa ciudad, que
es el santuario de los Félix –etnia peronista, Chafí, el padre, fue
tres veces intendente, sus hijos Omar y Emir se ha turnado en el cargo
que fue también de Ernesto Sanz–. Cambiemos ganó allí las elecciones por
pocos puntos en todas las categorías, lo que ilusiona a los radicales
con el regreso al poder en la ciudad más importante del sur mendocino.
En el partido todos están atentos a esa reunión, porque circula entre
los dirigentes el documento de Jorge Lapeña, gurú energético, que
critica el proyecto macrista de vender las acciones del Estado en
Transener. Esto fuerza la cita de mañana, que implica la presencia de
Macri en la ciudad por apenas media hora.
El
documento es la médula de un pedido de informes que estudian los jefes
legislativos, para que les expliquen en dónde está el negocio de
deshacerse de acciones de una empresa rentable, que es un monopolio
natural (tiene a su cargo la transmisión de alta tensión) y que tiene un
objetivo estratégico. De eso está enterado, por supuesto, Cornejo como
jefe del partido y es un tema más que delicado, porque divide aguas en
Cambiemos, tanto que el año pasado Macri firmó la compra de las acciones
que le dan al Estado el control de la compañía. Por iniciativa de Sanz y
Lapeña, contra la opinión de Aranguren, que ahora manda a venderlas. Y
ojo: todavía tiene que opinar en este debate Carrió.
Ignacio Zuleta