Ideología de género: ¿dictadura internacional? –
Por Agustín Laje
El pasado 9 de enero
conocimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una
Opinión Consultiva apoyando con determinación la ideología de género. La
opinión fue peticionada por Costa Rica, con claros objetivos políticos:
el oficialismo es consciente de que le costará imponer la ideología de
género en su estructura legal sin apoyo externo. Hace algunas semanas,
valga recordar, miles de ciudadanos costarricenses —pueblo de escasa
efervescencia política— salieron a las calles a marchar contra la
ideología de género.
En resumidas cuentas,
la Corte manifestó que la llamada “identidad de género” es ‘‘la vivencia
interna e individual del género tal como cada persona la siente, la
cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento’’, para luego insistir en que existe un “derecho a la
identidad de género”. Sabemos bien que, en este contexto, “derecho” no
significa libertad de vivir su sexualidad e identidad como le plazca a
cada quien, sino obligación para los demás de ser partícipes de lo que
es, en rigor, una fantasía personalísima.
Así por ejemplo, la
Corte nos dice que es un “derecho humano” que el Estado modifique los
registros y documentos de identidad de las personas, sin considerar nada
más que su “auto-percepción”: ya no se le puede exigir a nadie siquiera
acreditaciones médicas, quirúrgicas o psicológicas. Si la
auto-percepción de un individuo pasa a condicionar la percepción estatal
entera, esto significa que, por añadidura, condiciona la percepción de
la sociedad toda. ¿Por qué un equipo de hockey femenino, por ejemplo,
debería a excluir de su plantel a un hombre que, en virtud de su
auto-percepción, el Estado lo ha consagrado como mujer?
Por otra parte, la
Corte establece del mismo modo que cualquier unión constituye familia y,
por lo tanto, que de cualquier unión entre personas, independientemente
del género y la orientación sexual de sus partes, derivan los mismos
derechos inherentes al matrimonio. ¿Qué es esto si no la imposición
externa del “matrimonio” homosexual y la consiguiente adopción de
menores por parte de éste?
En efecto, aquello de
“Opinión Consultiva” es eufemístico. La “opinión” de la Corte tiene
efectos jurídicos, políticos y administrativos en todos los Estados que
son parte de la Convención Americana: 22 en total. La Corte lo deja muy
en claro cuando, a colación de su apoyo a la ideología de género,
sentencia que “se estima necesario que los diversos órganos del Estado
realicen el correspondiente control de convencionalidad aplicando los
estándares establecidos en esta Opinión Consultiva”. Por ello, el
Tribunal insta “a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe
las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para
adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos”.
El poder en la sociedad
posmoderna, al decir de Toni Negri, está descentrado. La soberanía de
los Estados-nación es cosa del pasado. Las realidades nacionales son hoy
un producto de la doble determinación de un poder interno y otro
internacional. En este caso, el poder no se divide: se multiplica. En
virtud de su dimensión internacional, se vuelve ineludible.
No se trata, desde
luego, de un poder democrático. Si el ideal democrático puede definirse a
partir de un régimen político que hace emanar el poder desde el pueblo
para gobernar al pueblo, y que en la práctica se traduce en la
determinación de la voluntad ciudadana con arreglo al uso de
instrumentos electorales, el actual orden internacional carece de todos
estos componentes. Todavía más: destruye los regímenes democráticos de
los Estados que han optado por ellos, en la medida en que las decisiones
de las Organizaciones Internacionales se imponen sobre nuestras
sociedades en un movimiento que va de arriba abajo, no de abajo arriba.
¿Qué rol puede tener un
Congreso Nacional en la cuestión del “matrimonio” homosexual, después
de esta “Opinión Consultiva” de carácter imperativo? ¿Qué facultades
tendrá en otros asuntos como la adopción homoparental? Ninguno. Estas
cuestiones fueron ya resueltas y decididas no por aquellos connacionales
que la ciudadanía eligió como representantes del pueblo, sino por 9
personas extranjeras que tienen poder sobre 22 Estados americanos y sus
respectivas sociedades.
Si las dictaduras
modernas se caracterizan por constituir regímenes políticos que operan
con autoritarismo al margen de la voluntad de la ciudadanía, es evidente
que estamos en presencia de la formación de una dictadura
internacional. El margen de maniobra de los Estados-nación es cada vez
más reducido. A partir de ahora por ejemplo, un Estado que no reconozca
la adopción homosexual podrá ser denunciado por el lobby LGTB en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí tener luego un
problema en la propia Corte. ¿Qué gobierno querrá ganarse un problema de
este calibre para el Estado bajo su gestión?
En las dictaduras
modernas, la última evasión que un individuo tenía al alcance frente a
los tentáculos del poder era el exilio. Escapar al poder suponía escapar
del lugar donde ese poder tenía centro. La actual desterritorialización
del poder supone, no obstante, la imposibilidad del exilio. La
internacionalización borra todo límite territorial; el espacio se
modifica quedando todo determinado por él, lo cual significa que
paulatinamente se va borrando toda posibilidad de auto-determinación.
¿Cómo eludir un poder que, a partir de la opinión de 9 personas,
condiciona el marco regulatorio, jurídico y administrativo de 22
Estados?
Todavía queda, empero,
una esperanza. Dijimos anteriormente que las realidades nacionales son
en este momento el producto de dos fuerzas que a veces colisionan y a
veces se retroalimentan: el poder interno y el internacional. En un
sistema democrático, el poder interno se estructura a partir del voto
popular. Los políticos que se lanzan a la carrera democrática, si
quieren ganar, necesitan adecuarse a lo que piensan que la ciudadanía
piensa. Si se lograra generar movilizaciones de tal magnitud que los
políticos percibieran que el precio a pagar por someterse a la Corte
Interamericana es mayor al precio de tener eventualmente problemas de
derecho internacional con ella, el poder interno podría barrer con el
internacional.
Las movilizaciones
ciudadanas son de vital importancia como mecanismo de información: en la
masa de gente movilizada el político recibe el mensaje de qué tiene que
hacer y decir si quiere seguir siendo votado. Allí donde la ciudadanía
no se moviliza, los medios de comunicación, los grupos de género y las
organizaciones internacionales son los que informan al político.
Hay razones para
guardar todavía esperanzas. Lo que no hay son razones para pensar que,
de no actuar con urgencia, esa esperanza pueda mantenerse por mucho
tiempo más.