El documento al que accedió
Periodismo y Punto confirma los vericuetos legales que utilizaba el
Ministerio de Planificación Federal para evitar controles, re
direccionar fondos y esquivar licitaciones públicas. Obras inconclusas y
sobreprecios.
En los últimos dos años de gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, Río Negro se entusiasmó con la promesa
kirchnerista de ampliar el Gasoducto Cordillerano. Durante el 2013, en
las radios de Bariloche, se celebraba la llegada de una obra,
considerada, imprescindible. La Presidenta, el ministro más poderoso de
la historia, cerraban una licitación por 180 millones de pesos en la
sede del INVAP. El senador Miguel Ángel Pichetto festejaba los
beneficios económicos y sociales que generaría una obra que alcanzaba a
los vecinos de Ñorquinco, El Bolsón, El Maitén, Bariloche y Villa La
Angostura, entre otros. Cristina, a pesar de que su gobierno hacía 10
años que estaba en el poder, descubría la pólvora: "El gas viene de la
Patagonia y hay patagónicos que todavía no tienen gas".
La intendenta
María Eugenia Martini, que hacía seis meses había reemplazado al
destituido Omar Goye, hablaba de 200 millones de pesos. Sin embargo, en
Casa Rosada, se hablaba de una inversión total de 392 millones, casi el
doble.
La potenciación del gasoducto la
financiaba Nación, a través del todopoderoso Ministerio de
Planificación, pero la ejecutaba cada municipio. El 7 de marzo del 2014,
la Quinta de Olivos fue testigo de la firma del convenio para construir
un gasoducto de 50 kilómetros y de una estación reductora de Presión
que permitiría abastecer con gas natural a 25 localidades de Río Negro y
Neuquén. El fotógrafo oficial registró la imagen de Cristina Fernández
escuchando atentamente a su Ministro, Julio de Vido, escoltado por un
sonriente José Francisco López y observado por los gobernadores
patagónicos Jorge Sapag y Alberto Weretilneck. La UTE conformada por
Coninsa –JCR (empresa familiar del fallecido empresario Juan Carlos
Relats) y Servicios Vertúa SA ganaban la licitación original por 210
millones de pesos. Coninsa sería noticia, tres años después, cuando el
juez quilmeño, Luis Armelia, recabó información de sus dueños para pedir
la detención del histórico sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina que
los obligaba a pagarles “un peaje” para construir en la ciudad de La
Plata.
La
historia de Relats es más conocida que la de Coninsa. También formó
parte del gran club de la obra pública durante el kirchnerismo presidido
por el fallecido ex Presidente Néstor Kirchner. “A Julio –por De Vido-
no se lo molesta excepto que sea urgente” le escribió el difunto
empresario a sus hijos, herederos del emporio económico. La familia
Kirchner le alquiló, durante una década, el hotel boutique Los Sauces, a
los Relats. La relación se rompió a mediados del 2015. El Gasoducto
Cordillerano fue uno de las primeras licitaciones que ganó la empresa de
Relats luego de la muerte de su fundador, en diciembre del 2013.
El 3 de agosto del 2015, poco antes de
dejar el poder, el arquitecto Julio Miguel De Vido, firmó la aadenda
complementaria al convenio marco de las obras de potenciación en el
sistema Cordillenaro Patagónico. De esta forma, evitando el debate
público, el presupuesto original se multiplicó en diez. De 180 millones
pasó a $ 1.096.000.000 con impuestos incluidos. Lo firmaron los
municipios de Bariloche y El Bolsón. Antonio Luis Pronsato, titular de
ENARGAS, también formó parte del convenio. La excusa para aumentar el
presupuesto de forma exponencial era que “resulta necesaria para darle
continuidad a la obra planificada y fundamental para el avance del
desarrollo del SISTEMA CORDILLERANO PATAGONICO”. La nueva etapa
“permitirá aún mejores resultados que los previstos en el Convenio Marco
Inicial” concluía el documento al que accedió PyP. El mismo aclaraba
que, legalmente, se podía adecuar el convenio original a través de
“Addendas complementarias a suscribir por las partes”. El anexo firmado
por De Vido explicaba de qué manera se repartían los nuevos fondos: 77
millones de pesos para un remal interno de gas en Bariloche de 7
kilómetros, 27 millones en Junín y San Martín de los Andes por otros 10
kilómetros, 12 millones en Leleque, $ 161.500.000 para construir un llop
gasoducto en Pilcanlyeu, 55 millones en El Bolsón, 25 millones y medio
en Trevelín, entre otras localidades.
La
obra pública fue la gran caja política durante el kirchnerismo. La
destrucción de los organismos de control, la reasignación de partidos,
el manejo indiscriminado de presupuesto, la discrecionalidad en el
reparto de fondos a intendentes y gobernadores según la simpatía
política y los sobreprecios fueron el modus operandi dentro del
Ministerio de Planificación. Todo pasaba por Julio. Al igual que en la
compra de gas licuado a Bolivia o el desfalco en la mina Río Turbio, la
red de gas patagónica también quedó inconclusa. El final es conocido.
Mauricio Macri aún no había estrenado el sillón de Rivadavia y
empresarios, proveedores y contratistas ya le reclamaban deudas impagas.
La hija de Relats, Silvana, recuerda que los últimos seis meses del
gobierno de Cristina se suspendieron obras y se cortaron los pagos a la
patria contratista. Cambiemos demoró seis meses en ordenar los papeles.
“Todos decían que se les debía miles y miles de pesos” recuerda un
funcionaria de la cartera de Rogelio Frigerio. Miles de vecinos de
Neuquén y Río Negro aún esperan que llegue el gas a sus casas.
Por Luis Gasulla
